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2 de diciembre, 1997
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: ¿DERECHO O PRIVILEGIO DE LAS COLOMBIANAS?

Por Mónica M. Alzate

Aunque Colombia es un país que reconoce a través de su Constitución y sus leyes derechos reproductivos y de salud sexual de sus mujeres, todavía está lejos de constituirse, en la práctica, en un país ejemplar para el resto del hemisferio.

La razón, según expertos, es sencilla. Más allá de estipulaciones legales, se requiere una transformación social y un cambio en las actitudes personales para que los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad.

Así lo concluyeron los participantes del primer foro nacional de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos sobre violencia sexual, celebrado en Bogotá el pasado 13 de noviembre.

Según algunos de sus asistentes las libertades sexuales de las mujeres no pueden analizarse separadas de sus contextos sociales. Menos aún en países como Colombia donde 17 de sus 36 millones de habitantes viven en estado de pobreza.

"¿Cuál es el espacio erótico real e imaginario de las mujeres, cuando su sexualidad está atravesada por condiciones políticas, sociales y económicas que reflejan inequidad?", cuestionó la Directora Nacional de Equidad para las Mujeres, Olga Amparo Sánchez.

Por su parte, la Jefe de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana de la Fiscalía General de la Nación, Rosa Elena Cárdenas, coincidió con Sánchez en lo que se refiere al cambio de mentalidad frente a la sexualidad. Lamentó que todavía, por ejemplo, sean comunes los chistes que denominan su oficina como "unidad de delitos sabrosos", lo cual refleja una actitud irresponsable frente a la gravedad de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. También afirmó que la violación sexual a mujeres es un hecho muy común aunque escasamente reportado en el país.

En cuanto a estadísticas actuales sobre derechos sexuales, Sánchez afirmó que se siguen registrando datos que se centran en el área tradicional de la morbi-mortalidad materna, bajo la imagen cultural de igualar los conceptos de mujer-madre, lo que oculta otros aspectos de la salud de la mujer que no tienen que ver con la maternidad.

El tema de la procreación y libertad de las personas para decidir sobre el número de hijos ha sido discutido en varios encuentros internacionales desde la Conferencia de Derechos Humanos en Teherán en 1968. Pero en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo en 1994 se reconocieron, por primera vez a nivel internacional, los derechos reproductivos como derechos humanos y se separó la sexualidad de la reproducción. El documento de la Conferencia (retomado por la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 1995), define la salud reproductiva como "el estado de un completo bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades y de dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos".

Igualmente, establece como uno de sus objetivos el "promover el desarrollo de una sexualidad que permita el establecimiento de relaciones de equidad y respeto mutuo entre ambos sexos y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas".

En el caso colombiano, el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 estipula: "La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos". A pesar de ello, la opción de la libre maternidad no se extiende en la práctica a los embarazos no deseados. Aunque el 90% de los países del mundo tiene políticas que permiten el aborto en diversas situaciones jurídicas para salvar la vida de la mujer, Colombia es uno de los pocos países donde la interrupción del embarazo está penalizada en todas las circunstancias, inclusive cuando la vida de la madre peligra o cuando el embarazo es producto de una violación sexual.

El informe de la CIPD insta además a todos los gobiernos a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, ocupándose de "los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública".

En 1994, Colombia expidió la ley 100 sobre seguridad social, que regula la prestación de servicios de salud e impone a la población asalariada tener un plan obligatorio de salud, que contempla la atención a mujeres gestantes, el parto, postparto, período de lactancia y a niños menores de un año. Sin embargo, en los hospitales públicos y clínicas del Seguro Social (entidad que tradicionalmente ha atendido la salud en Colombia), las complicaciones por aborto espontáneo o inducido reciben todavía una atención deficiente e inhumana, no se les da prioridad a pesar del dolor y riesgo de infección. Según declaraciones de mujeres colombianas no utilizan el método de aspiración sino el de curetaje, el cual presenta más riesgos.

En los últimos años ha habido un avance en la legislación colombiana en materia de delitos sexuales. La ley 360 de este año, no sólo aumentó las penas a estos delitos, sino que cambió una concepción moralista por una más neutral. Anteriormente se refería al "pudor sexual" relacionado con la reputación de la víctima, y en la actualidad utiliza las palabras "dignidad humana". Al mismo tiempo, la figura de abolir el delito de violación cuando el agresor se casaba con la víctima, también desapareció.

Según estadísticas de este año, en Santa Fe de Bogotá se han conocido 500 sentencias condenatorias por "acceso carnal" (violación) o algún delito sexual y hasta el pasado 31 de octubre había 120 hombres encarcelados por violación. Actualmente en Bogotá se está desarrollando un modelo de atención integral y gratuito a víctimas de violencia sexual, que incluya examen médico, exámenes para detectar ETS/SIDA, y asesoría psicológica; se espera que este programa pueda implementarse en otras ciudades del país, afirmó Cárdenas.

No obstante la existencia de acuerdos internacionales en materia de salud sexual y reproductiva, de principios constitucionales (como el artículo 42), de la ley de Educación Sexual aprobada en 1993 y de los servicios de anticoncepción, aún son numerosos los casos de morbi-mortalidad materna, embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Igualmente, son comunes los prejuicios sociales frente a las relaciones sexuales premaritales, la masturbación, el homosexualismo, sumados a la escasa participación de los hombres colombianos en las responsabilidades reproductivas, lo cual repercute directamente en una deficiente salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Por otra parte, mientras la autoestima y autonomía de las mujeres continúen aminoradas, ya sea por costumbres sociales y/o por la legislación, no se podrá garantizar el cumplimiento y goce de los derechos sexuales y reproductivos para las colombianas. A esta tarea se ha dado La Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, apoyada por la Fundación Ford y creada en 1992 a raíz de una reunión celebrada en Nicaragua por iniciativa de la Red Mundial, con sede en Holanda. Según María Cecilia Paz, miembro de la Red, esta entidad se encarga principalmente de difundir los derechos y ejercer veeduría, ya que "en nuestra realidad colombiana ni siquiera las mismas mujeres conocen sus derechos, y éste es el primer paso para su empoderamiento".

Monica Alzate, licenciada en periodismo con especialización en trabajo social, tiene años de experiencia en el campo de la mujer en Colombia.

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