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28 de Mayo, 1998
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EL DERECHO AL TRABAJO, UN PRIVILEGIO DE MEXICANOS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA

Por: Alicia Yolanda Reyes

Alfonso llevaba cinco años como trabajador eventual en una empresa paraestatal mexicana, cuando se presentó la oportunidad de que se le diera una plaza permanente.

En un país donde la tasa de desempleo se calcula oficialmente en un 30 por ciento, Alfonso tenía buenas razones para estar emocionado.

Uno de los requisitos para modificar su situación laboral consistía en una serie de exámenes médicos. Alfonso se sometió a ellos sin ningún problema.

"Mi salud era inmejorable, por lo que no tuve ninguna preocupación", explica Alfonso, quien solicitó que su nombre real no fuera utilizado.

Sin embargo, cuál sería su sorpresa cuando sus compañeros de trabajo modificaron de repente su comportamiento hacía él. Algunos incluso le preguntaron sobre su orientación sexual y su estado de salud.

La secretaria de la empresa le llamó y le dijo que habían surgido algunos problemas, que el médico le quería realizar otros estudios, pero nunca le dio detalles. Le repitieron algunas radiografías de tórax, "porque según ellos tenía alguna malformación de columna".

"Me llevaron a la capital del país, allá directamente se me realizaron pruebas de sangre, se me interrogó sobre mi vida sexual, indagaron si había sufrido alguna transfusión, e incluso me dieron una incapacidad médica, pero nadie hablaba claramente", recuerda Alfonso.

Finalmente, su hermana, quien también presta sus servicios en una de las sucursales de la empresa, le llamó y le preguntó abiertamente: "¿es verdad que tienes SIDA?".

Las pruebas iniciales de Alfonso habían incluido, sin su conocimiento, la de detección del VIH/SIDA. Y antes de que él mismo se enterara, el resultado positivo de su examen se convirtió en un secreto a gritos entre sus colegas.

Finalmente la empresa le informó que tenía el virus que genera el SIDA y que no podía seguir trabajando en esa empresa, ni menos aún recibir la plaza definitiva.

La doctora Patricia Campos, secretaria técnica del Consejo Estatal para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (COESIDA) de Jalisco, señala que existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) a la cual deben adherirse todas las empresas, centros de salud y población en general en la que se señala de manera clara que el ser portador del VIH/SIDA no es razón para que a alguien se le niegue el acceso al trabajo, o se le despida. Sin embargo las violaciones en ese sentido se dan en el país de manera cotidiana.

Alfonso acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y gracias a su intervención se logró que se le diera una pensión de por vida y el derecho a los servicios médicos.

Sin embargo Alfonso tiene apenas 30 años, se encuentra en buen estado de salud y por lo tanto se considera apto para seguir laborando. Ahora su vida ha cambiado diametralmente, su familia se encuentra muy angustiada ya que piensan que puede morir en cualquier momento.

Gabriel, un maestro de educación física, vivió un calvario similar. Fue hospitalizado con una fuerte neumonía en un hospital del Estado, donde trabajaba su suegra quien le pidió al médico que le practicaran la prueba de detección del VIH/SIDA, ya que le parecía raro que el problema no cediera a los medicamentos.

El resultado fue positivo y la suegra, la esposa y varios familiares fueron informados antes que Gabriel. Poco después, su esposa -quien también resultó seropositiva al VIH- le pidió el divorcio.

Gabriel entró en un estado de depresión que lo llevó a la muerte en pocos meses. Se le habiá impedido ver a sus hijos y su esposa lo acusaba de haberle truncado la vida, sus sueños, sus proyectos, haciéndole responsable de la situación.

Gabriel se sintió tan culpable que se negó a emprender alguna acción legal contra los médicos que le practicaron la prueba. El resto de su familia se vio muy afectada con la situación y con el estado de salud de Gabriel, sobre el cual nunca pudieron hablar abiertamente ya que él les prohibió hacerlo y se inventó que en realidad lo que padecía era cáncer.

De acuerdo con el psicólogo Pedro Avalos de "Amigos Previniendo el SIDA", la orientación psicológica pre y post prueba se considera de suma importancia, ya que un resultado positivo modifica de manera sustancial la vida de quien lo recibe y de sus seres allegados. De ahí la exigencia de las ONG de que los laboratorios privados no realicen pruebas de manera arbitraria, y menos aun entreguen los resultados.

La psicóloga Maby Gandarilla del subconsejo de atención Integral del COESIDA, Jalisco, señala que desde que se empezó a dar consejería se erradicaron prácticamente los suicidios que al inicio de la epidemia eran comunes entre la gente que resultaba afectada.

En México se han contabilizado aproximadamente unos 34 mil casos de VIH/SIDA, de los cuales un 50 por ciento fueron detectados por medio de certificados de defunción. Ello conduce a considerar que una gran parte de las personas seropositivas al VIH desconocen que lo son. Concretamente se calcula que el subregistro de casos podría ser de hasta un 30 por ciento.

El principal problema es que aquellos que resultan afectados ni siquiera saben que tienen derechos, lamenta Avalos. Además como el VIH/SIDA está muy ligado a la sexualidad y ésta sigue siendo tabú en la sociedad mexicana, se evita presentar una demanda que eventualmente los pondría en riesgo de tener que hablar de la forma como lo adquirieron o de que más personas se enteren de su situación.

La ley mexicana hace clara referencia a la confidencialidad de la prueba, la cual debe ser voluntaria y el resultado positivo no puede ser causal para la negación de servicios de salud, la rescisión de un contrato laboral o la expulsión de la escuela.

Tampoco justifica el aislamiento o la segregación social o familiar.

En la práctica, son cotidianos, no obstante, los casos en que ser portador del VIH/SIDA pone a las personas en riesgo de perder el empleo, o la escuela propia o de los hijos, el maltrato por parte de los trabajadores de la salud u otras violaciones son cotidianas, sin embargo son pocos los que se atreven a demandar.

Jesús Martínez de COESIDA señala que es común que las personas, cuando sienten que son violados sus derechos, acudan en busca de ayuda. Sin embargo, una vez se calman las cosas ya no regresan, y son raros los que llevan adelante una demanda. Por eso pese a que cada día "nos enteramos de nuevas violaciones es poco lo que se puede hacer, si los directamente afectados no siguen adelante".

Aunque hasta el 23 de abril COESIDA tenía notificados 4004 casos en Jalisco, se estima que alrededor de 120 mil personas viven con el virus.

Actualmente, el Hospital Civil de la ciudad de Guadalajara es centro de una de las pocas demandas que aún continúan a pesar de la tardanza en el proceso y las amenazas contra los demandantes. Dos médicos que se encontraban realizando su residencia en dicho hospital, fueron despedidos con amenazas e injurias cuando se supo que vivían con el VIH/SIDA.

Los médicos pusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH; sin embargo, ha transcurrido más de un año de la misma y poco se ha avanzado. La Lic. Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la CEDH, afirmó que se agilizará la demanda pero entre tanto, los jóvenes demandantes continúan sin posibilidad de trabajar y aseguran haber sido amenazados con que su situación se dará a conocer a otros hospitales a no ser que retiren la demanda.

Alicia Yolanda Reyes es una periodista independiente especializada en temas relacionados con el VIH/SIDA y reside en Guadalajara.

El Programa de SIDA de la Organización Panamericana de la Salud contribuyó con la revisión técnica de esta Crónica.

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